España, a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales

"Beneficios obtenidos de manera ilegítima de forma que parezcan proceder de fuentes legítimas", así describe la Interpol el blanqueo de capitales, una infracción frecuentemente asociada a delitos de mayor gravedad, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, pasando por robos con violencia y actividades terroristas.

En las últimas semanas, la prensa internacional se ha hecho eco de denuncias por blanqueo tan llamativas como la recibida por Circle 33, un exclusivo club privado de Singapur, célebre por su zona de aparcamiento abarrotada de Bentleys, Porsche y Ferraris. También una ciudadana canadiense se ha visto involucrada en una trama de este tipo dedicada a la compra de armas para la Federación Rusa y otras operaciones similares se han detectado en países como Montenegro, India o Azerbaiyán.

En lo que respecta a la Unión Europea, se encuentra en la etapa final del proceso de selección de una sede permanente para la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) con el 22 de febrero como fecha límite. Madrid se perfila como una de las ciudades candidatas y, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se presenta como "la rival a batir". Esta afirmación cobra fuerza ante la competencia de ciudades como París, Roma, Fráncfort, Viena, Bruselas, Dublín, Vilna y Riga, que también aspiran a albergar la sede de la AMLA. 
 

Fuentes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito consideran que el volumen total de dinero blanqueado ha tenido un crecimiento significativo los últimos años, superando los 1,6 billones de euros anuales, el equivalente a cerca del 5% del producto interior bruto global. Si fuese un negocio legítimo, sería la tercera actividad económica más lucrativa que existe en la actualidad.

En opinión del abogado Alejandro Seoane, autor del manual de referencia La prevención del blanqueo de capitales, para combatir este delito con eficacia “resulta imprescindible que las entidades financieras ejerzan un control mucho más estricto” de sus transacciones y depósitos. Sin embargo, se ha demostrado que este control no se acaba de ejercer “por falta de voluntad, en ocasiones, pero sobre todo por falta de recursos”.
 

 

Para Seoane, el marco legal del que disponen en la actualidad las principales naciones del mundo resulta adecuado, y también existen organismos que persiguen este delito de manera activa y “ofrecen catálogos muy completos de las posibles operaciones de riesgo”. Es el caso, en España, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Seoane apunta, pese a todo, que a las instituciones financieras que actúan de buena fe les resultaría muy útil contar con soluciones tecnológicas adecuadas ya que las técnicas de blanqueo a las que recurren las organizaciones criminales son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. 

 

Por su parte, Miguel Soler, director del departamento Legal de Prosegur, resalta la posición de liderazgo de España en el sector bancario en términos de innovación. “Actualmente, nuestro país es referente en innovación para el sector bancario, en gran medida por el esfuerzo que estamos realizando todos los agentes involucrados para mejorar la eficacia y la eficiencia de procesos basados en el cumplimiento normativo”, señala Soler. Este esfuerzo colectivo ha establecido a España como un modelo a seguir en la lucha contra delitos que no solo suponen pérdidas económicas significativas sino también sanciones financieras, penales y daños reputacionales.

Desde 1991, la Unión Europea cuenta con una Directiva antiblanqueo, que ha sido reformada en varias ocasiones para adaptarse a nuevos escenarios, como el auge de las criptomonedas y la globalización de las actividades criminales. Según la Comisión Europea, estas reformas buscan contrarrestar el ingenio de los delincuentes quienes intentan explotar las debilidades del sistema.
La posible elección de Madrid como sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) significaría un importante avance, tanto legal como tecnológicamente. “La candidatura de Madrid supondría afianzar el liderazgo español en un ámbito normativo que, por su complejidad, supone un verdadero reto para los sujetos obligados”, explica Soler. Tal decisión no solo daría visibilidad al intenso trabajo que España está desarrollando en el ámbito normativo y práctico para combatir el crimen financiero a nivel local e internacional, sino que también reforzaría el reconocimiento de España como un país avanzado por el Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), en parte gracias al uso de tecnologías innovadoras y de inteligencia financiera.

Descubre más sobre Tecnología

La automatización robótica de procesos: un salto irrenunciable y un mundo de oportunidades

Deepfakes: qué hacer cuando ya nada es lo que parece

Todo lo que necesitaría el metaverso para convertirse en un espacio seguro