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Los códigos de buen gobierno corporativo no son una moda pasajera. Han venido para quedarse y son una de las piedras angulares en la transición hacia un modelo corporativo cada vez más eficiente y ético. El colapso financiero de 2008 demostró a la comunidad internacional lo imprescindible que resulta que las grandes empresas sean gestionadas con sentido de la responsabilidad y plena transparencia, para reforzar así la estabilidad y credibilidad de los mercados. Esto ha consolidado una nueva cultura empresarial basada en el respeto a las reglas de la racionalidad económica y el control interno y externo de las decisiones adoptadas.

En España, existía desde 2006 un marco de referencia, el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a partir del cual las empresas cotizadas han ido desarrollando e implementando con el tiempo sus propios planes internos. Lo que no existía es una certificación objetiva e independiente. Es decir, un sistema fiable de auditoría externa que acreditase que esa serie de pautas, procedimientos y principios se estaban respetando y estaban dando en la práctica los resultados esperados.

Desde el pasado mes de julio, AENOR ofrece, en colaboración con Villafañe y Asociados, el primer índice independiente de buen gobierno corporativo. Se trata de una certificación basada en nueve criterios de análisis y 42 variables que parte tanto de la legislación europea como del código aprobado por el CNMV. Una vez realizada la primera serie de evaluaciones, Prosegur y Prosegur Cash se han convertido en las empresas españolas pioneras en la obtención del certificado, con una evaluación final de G++, la máxima prevista.

Para Antonio Rubio, secretario general de Prosegur, que su empresa sea pionera en la obtención de esta certificación es motivo de orgullo y un estímulo para “seguir avanzando en las áreas de mejora certificadas”. Rubio asegura que en Prosegur “se otorga un valor fundamental al comportamiento ético y la gestión responsable en materia económica, social y medioambiental”. Prosegur como Prosegur Cash se están ciñendo a la modificación de sus sistemas de gobierno corporativo aprobada por sus consejos de administración en 2020. En virtud de estas nuevas directrices, las comisiones de Nombramientos y Retribuciones ampliaron sus funciones e integraron la de promoción activa de la sostenibilidad y el buen gobierno, pasando a denominarse Comisiones de Sostenibilidad, Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones.

A la altura de la confianza de accionistas e inversores

Se profundiza así en la consolidación de un modelo de negocio que, además de rentable, aspira a ser cada vez más sostenible y responsable. En Prosegur se insiste en los avances realizados en cinco aspectos fundamentales que cuentan ahora con el aval de la certificación AENOR: independencia, transparencia, protección al accionista minoritario, eficiencia e integridad. La compañía confirma así su vocación de empresa líder en su sector y guiada por criterios de responsabilidad social y sostenibilidad. Para ello, ha integrado en su estrategia de funcionamiento global los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y trabaja de manera particularmente intensa en diez de ellos, los que tienen relación directa con su esfera de actividades.

El Índice de Buen Gobierno Sostenible (IBGS) de AENOR está pensado para certificar de manera independiente qué compañías tienen un funcionamiento interno digno de la confianza de inversores, accionistas, reguladores y la sociedad en su conjunto. Rafael García Meiro, CEO de AENOR lo resume de manera sencilla e intuitiva: “Estamos ante un índice único y pionero que ayudará a todas las compañías a mejorar tanto su realidad corporativa como el reconocimiento de sus grupos de interés hacia su buen gobierno”.

Julio Villafañe, fundador de Villafañe y Asociados y catedrático de Reputación Corporativa en la Universidad Complutense de Madrid, añade que la colaboración entre su consultora y AENOR ha permitido elaborar una certificación “con parámetros auditables”. El análisis detallado de la literatura existente sobre gobernanza empresarial se ha traducido en esos nueve criterios, relacionados con aspectos como la participación en las juntas generales de accionistas, disponibilidad de la información corporativa o controles internos contra el fraude y la corrupción. El estudio dota todos esos parámetros de un valor relativo para poder “jerarquizarlos y ponderarlos”, tal y como explica Villafañe, “obteniendo así el índice”. Un índice que, de cara al exterior funcionará como un certificado de sensatez empresarial y de buena conducta.

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